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jueves, 19 de abril de 2012

Corrupción en Venezuela

Corrupción en Venezuela 
a partir de la caída de la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez  hasta  1997

  1. Introducción
  2. Desarrollo
  3. Corrupción administrativa en Venezuela
  4. Técnica de lucha contra la corrupción
  5. Conclusión
  6. Bibliografía

Introducción


            La Corrupción en Venezuela, es uno de los temas de actualidad que deben ser tratados con un carácter de seriedad, ya que es un fenómeno que nos está afectando en Venezuela, con una notable variedad de situaciones palpables, que generan inseguridad en cuanto a la administración pública.
            Mediante este breve estudio se estará resumiendo tres aspectos importantes que han de tomarse en cuenta para comprensión del tema, los cuales podemos citarlos a continuación; corrupción en Venezuela a partir de la caída de la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez hasta 1997,la corrupción administrativa en Venezuela, y Técnica de Lucha contra la Corrupción.

Desarrollo


El general Medina Angarita fue depuesto en 1945 por un golpe de estado del partido Acción Democrática, respaldado por jóvenes oficiales del ejército. Entre 1945 y 1948, Acción Democrática llevó adelante, durante tres años, un gobierno bastante transparente bajo las breves presidencias de Rómulo Betancourt y del famoso novelista Rómulo Gallegos.  En 1948, los jóvenes militares que habían apoyado a Acción Democrática tres años antes derrocaron a Gallegos.
El líder del golpe, Marcos Pérez Jiménez, instituyó una dictadura militar que duró diez años.  Durante esa década, la corrupción era considerable pero, en general, tal como durante los años de Gómez, se limitaba al círculo más cercano al dictador y se relacionaba, más que nada, con las comisiones que se obtenían mediante la contratación de obras públicas. La infraestructura del país recibió un fuerte impulso con la construcción de caminos, hospitales, universidades y edificios públicos.  El creciente descontento de los oficiales del ejército excluidos del acceso a los fondos públicos venezolanos promovió una revuelta popular en 1958 que logró expulsar a Pérez Jiménez del poder. A partir de entonces, Venezuela no sufriría otro golpe ni intento de golpe de estado hasta 1992, cuando Hugo Chávez trató, sin éxito, de derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez. Entre 1958 y 1999, Venezuela tuvo más de diez presidentes elegidos democráticamente.
Durante la primera mitad de este período, entre 1958 y 1975, el país experimentó una sucesión de gobiernos democráticos y gozó de un nivel aceptable de transparencia en la gestión de los activos nacionales. La consolidación de la democracia venezolana y la promoción de una sociedad caracterizada por una sólida clase media emergente fue el resultado de la gestión de los presidentes Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera y, por parte de su mandato, de Carlos Andrés Pérez.
Durante estos años, la democracia venezolana se convirtió en el modelo político a ser imitado en América Latina, comparado favorablemente por los analistas expertos en el tema con las dictaduras de izquierda y derecha aún presentes en el hemisferio.  A mediados de la década de 1970, el manejo de los bienes nacionales venezolanos comenzó a deteriorarse drásticamente.
Los acontecimientos políticos en el Oriente Medio produjeron un incremento abrupto en los precios mundiales del petróleo y, como resultado, los ingresos petroleros se triplicaron en Venezuela. Los hombres ordinarios al frente del gobierno de Venezuela se vieron expuestos a tentaciones financieras extraordinarias. Enfrentado con estas ganancias inesperadas, el presidente Pérez estructuró un programa que denominó “La gran Venezuela”. Según este plan, una versión tropical del “Gran Salto Adelante” de Mao, el gobierno invertiría cerca de 2.000 millones de dólares en proyectos industriales en el sur del país, diseñados para triplicar la producción de acero en cinco años y construir nuevas plantas de aluminio.
En un momento determinado, existían más de 300 empresas estatales en Venezuela, ninguna de las cuales era rentable. Durante la segunda mitad del mandato de Pérez, como resultado de los caudalosos ingresos provenientes del petróleo, la corrupción se disparó y se “democratizó”. Hasta aquel momento, la corrupción se había restringido, esencialmente, al círculo a cargo del poder; ahora, por el contrario, muchos venezolanos comenzaron a participar, en forma directa e indirecta, del abuso y uso indebido de los fondos públicos. Al final de la presidencia de Pérez, y a pesar de los ingresos inesperados provenientes del petróleo, Venezuela se había endeudado con los bancos internacionales.  Entre 1975 y 1998, los niveles de corrupción en Venezuela aumentaron de manera casi constante y se mantuvieron elevados. Especialmente grave fue el período de la presidencia de Jaime Lusinchi, de 1984 a 1994.
En su estudio sobre corrupción, la socióloga Ruth Capriles Méndez, de la Universidad Católica Andrés Bello, estima que, durante su presidencia, hubo un uso indebido y deshonesto de unos 36.000 millones de dólares, en especial a través del programa de control del tipo de cambio denominado RECADI (Régimen de Cambios Diferenciales). Diversos factores contribuyeron al incremento drástico de la corrupción:
  • La debilidad de las instituciones políticas y sociales.
  • La falta de normas y controles administrativos adecuados.
  • Los caudalosos ingresos relacionados con la producción petrolera, una riqueza que no se ganaba, en líneas generales, con el trabajo de la mayoría, sino que la generaba un pequeño grupo de personal técnico de la industria del petróleo.
  • Los líderes políticos populistas, deseosos de promover un estado de bienestar a fin de consolidar su posición política, en lugar de guiar al país hacia una prosperidad estable a través del trabajo y la disciplina social.
            Estos líderes persuadieron a los ciudadanos de que el dinero proveniente del petróleo “pertenecía” al gobierno y que parte de él podría entregarse a la gente a cambio de su lealtad política. A causa de esta creencia, el uso de los bienes nacionales para beneficio personal, tanto dentro de la elite política como a lo largo y a lo ancho de la población, perdió gran parte de su sentido peyorativo.
La visión benevolente de la corrupción que prevaleció en aquellas décadas puede ilustrarse mediante el fallo judicial de un caso de corrupción ocurrido en 1982 en el Ministerio de Agricultura de Venezuela: el tribunal a cargo lo desestimó sosteniendo que “la suma en cuestión [aproximadamente 20.000 dólares] era demasiado pequeña en relación al presupuesto total del Ministerio”.
En 1997, Pro Calidad de Vida, una organización no gubernamental (ONG) venezolana dedicada a la lucha contra la corrupción estimó que en los últimos 25 años se habían malgastado o robado aproximadamente 100.000 millones de dólares del ingreso relacionado con el petróleo.

 Corrupción administrativa en Venezuela


La corrupción administrativa en Venezuela, puede estudiarse desde tres puntos de vista: como conducta, como fenómeno social del presente y como hecho constante en el proceso histórico.  Existe y ha existido una tendencia y una mentalidad social en permanente conflicto con el Estado y la administración. Esa disputa se ha expresado variadamente. Desde simples rebeliones, alzamientos y todo tipo de turbulencia social, hasta formas soterradas e irracionales de corrupción y delitos en contra de un adversario todopoderoso, más interesado en sí mismo que en el progreso y bienestar de la ciudadanía: el Estado. 
Por esta razón, la corrupción en nuestro país no es ni ha sido un fenómeno aislado en la sociedad. Tampoco la práctica exclusiva de un período o de un grupo particular en el gobierno, en complicidad con hombres de empresa y organizaciones privadas. En realidad, ha sido algo más profundo. En sus redes, queriéndolo o no, han caído todos los miembros representativos de la sociedad: desde un poderoso magnate, el cual, con o sin razón, delinque y viola descaradamente las leyes en pos de un provecho; pasando por un profesional, un político o un empleado público; hasta un humilde ciudadano que roba pequeñeces de gran utilidad social como las demás: instrumentos y equipos, barandas de viaducto, defensas de autopistas y carreteras, tapas de tanquillas y vertederos, etc.  Este tipo de conducta ha sido una constante en la historia de Venezuela. De ahí su trascendencia y el carácter estructural de sus manifestaciones. Luego, la corrupción se ha convertido en un complicado fenómeno que debe observarse desde planos diversos para hallarle mecanismos de control.

Técnica de lucha contra la corrupción


En atención a las atribuciones y competencias asignadas en la Constitución Política y la Ley N° 27785, la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control ejercen un rol fundamental frente a la lucha contra la corrupción, desarrollando sus atribuciones de supervisar la correcta y transparente utilización de los recursos públicos y del ejercicio de la función encomendada para prevenir y detectar actos irregulares y/o ilícitos penales, así como determinando, como consecuencia de su acción fiscalizadora, las responsabilidades emergentes de los funcionarios y servidores públicos para ser puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

La vinculación específica de la problemática de la corrupción con el accionar del Sistema Nacional de Control se concreta tanto a nivel del control interno como del control posterior, dentro de los conocidos ciclos del control administrativo del Estado, tan es así que, entre otros aspectos, a través de la Ley de Nepotismo y su reglamento, la Ley sobre Incompatibilidades y Prohibiciones de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento, así como la Ley de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento encargan a la Contraloría General de la República y a los Órganos del Sistema la supervisión y control del cumplimiento de las citadas normas.
Si bien el control interno previo es ejercido por la propia entidad en función de los procedimientos establecidos en sus planes de organización, reglamentos, manuales y disposiciones emanadas del titular de la entidad, compete al Sistema Nacional de Control, “formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno”.
Es dentro de este contexto de competencias que la Contraloría General de la República ha establecido mecanismos preventivos que orienten hacia la probidad administrativa y constituyan parte del ambiente de control que deben mantener y garantizar todas las autoridades institucionales, a través de las Normas Técnicas de Control Interno y en especial de las “Normas de Control Interno para una Cultura de Integridad, Transparencia y Responsabilidad en la Función Pública”.  Pero cabe indicar que las posibilidades de acción del Sistema Nacional de Control, sobre este particular ambiente de control, dentro de una actitud clara a favor de la probidad, no se agotan en la consagración normativa, sino pueden trascender hacia otros aspectos sin llegar a la co-gestión.
En cuanto al control posterior externo, al Sistema Nacional de Control, en particular a su ente rector, la Contraloría General de la República le ha sido atribuida el cometido de supervisar, entre otros aspectos, la Transparencia:
-       En la utilización de los bienes y recursos públicos
-       En el ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos, con relación a los resultados obtenidos y al cumplimiento de su normativa
-       La observancia de los conflictos de intereses establecidos para el probo desempeño de la función pública.
-       El nivel de responsabilidad con que se conduce los agentes públicos.
-       La transparencia informativa respecto de los Sistemas de Administración Financiera y a la ciudadanía, así como la transparencia personal de las autoridades para, por ejemplo, presentar su declaración jurada de bienes y rentas.

Conclusión


El general Medina Angarita fue depuesto en 1945 por un golpe de estado del partido Acción Democrática, el líder del golpe, Marcos Pérez Jiménez, instituyó una dictadura militar que duró diez años.  Durante esa década, la corrupción era considerable pero, en general, tal como durante los años de Gómez, se limitaba al círculo más cercano al dictador y se relacionaba, más que nada, con las comisiones que se obtenían mediante la contratación de obras públicas.
Durante la primera mitad de este período, entre 1958 y 1975, el país experimentó una sucesión de gobiernos democráticos y gozó de un nivel aceptable de transparencia en la gestión de los activos nacionales.   A mediados de la década de 1970, el manejo de los bienes nacionales venezolanos comenzó a deteriorarse drásticamente.
Los acontecimientos políticos en el Oriente Medio produjeron un incremento abrupto en los precios mundiales del petróleo y, como resultado, los ingresos petroleros se triplicaron en Venezuela. Los hombres ordinarios al frente del gobierno de Venezuela se vieron expuestos a tentaciones financieras extraordinarias. Durante la segunda mitad del mandato de Pérez, como resultado de los caudalosos ingresos provenientes del petróleo, la corrupción se disparó y se “democratizó”. Entre 1975 y 1998, los niveles de corrupción en Venezuela aumentaron de manera casi constante y se mantuvieron elevados. Especialmente grave fue el período de la presidencia de Jaime Lusinchi, de 1984 a 1994. 
En 1997, Pro Calidad de Vida, una organización no gubernamental (ONG) venezolana dedicada a la lucha contra la corrupción estimó que en los últimos 25 años se habían malgastado o robado aproximadamente 100.000 millones de dólares del ingreso relacionado con el petróleo.

Bibliografía


http://apps.contraloria.gob.pe/dv/lucha.htm
http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/8453504.asp
http://www.elcato.org/corrupcion-administracion-deficiente-y-abuso-de-poder-en-la-venezuela-de-hugo-chavez

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